Estoy convencida que si Goethe creara Fausto en nuestros días, le parecería de lo más acertado otorgar el papel de Mefistófeles a la banca y por supuesto, el contrato a firmar para vender su alma del desdichado Fausto, sin duda sería un mal llamado préstamo hipotecario a la española.
Todos creemos que en realidad cuando firmamos una hipoteca hipotecamos la propiedad y no la vida de la persona y no obstante lamentablemente eso es ciertamente lo que está sucediendo en nuestros días.
Al parecer y viendo la realidad de unas 300.000 familias, cuando firmamos una hipoteca vendemos nuestra, no digo quizás alma, pero si desde luego nuestra vida a la banca a cambio de un préstamo para comprar ladrillos.
La realidad es que las dramáticas consecuencias que están conllevando para las familias el impago de la obligación hipotecaria así como una comparativa de la normativa europea que regula este tipo de situaciones, dejando en evidencia el maltrato jurídico que reciben las personas y los consumidores españoles en relación al ordenamiento jurídico vigente en otros países ha llevado a generar el desarrollo en curso de una una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de propuesta de regular la Dación en Pago.
Así mismo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) así como la asociación Jueces para la Democracia reclamaron que se vuelva a debatir en el Congreso la reforma de la ley hipotecaria que penaliza al comprador obligando a devolver la deuda completa aún cuando devuelva el piso, de tal modo que en los casos de residencia habitual y deudores de buena fe, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la deuda quede liquidada, como sucede en otros países de la UE o en EEUU.
Y es que en cuestiones inmobiliarias, una dación en pago es la adjudicación del bien hipotecado ante la imposibilidad de cumplir una obligación, en este caso el pago de la hipoteca, dejando libre de obligaciones al deudor. Es decir, el hipotecado da su vivienda al banco (u otra institución financiera) a cambio de que la institución le anule la deuda que tenía contraída con él en forma de hipoteca.
Así mismo, puede existir la posibilidad de firmar un contrato de alquiler para que el ex hipotecado pueda seguir ocupando la vivienda, pero ya no en régimen de propiedad sino de arrendamiento.
Las entidades bancarias y otros interlocutores como PP y PSOE , no obstante aseguran que esto sería “un peligro para las instituciones financieras españolas”, aducen que en tal caso el colapso se produciría sin duda si la dación en pago se produjera, y aun más de manera retroactiva, es decir, para las hipotecas ya formalizadas, porque ello supondría una gran pérdida económica para las entidades financieras que se encontrarían con viviendas de precio mucho menor al de la tasación original sin un mercado real. Pérdida que evidentemente dada nuestra realidad socioeconómica podría verse reflejada en un incremento en las comisiones y en el diferencial aplicado, a costa de esa seguridad adicional para el cliente.
De tal modo que las condiciones crediticias tendrían que ser mucho más duras, con un gran encarecimiento general hipotecario generando aun mayor estancamiento de nuestra megabolsa inmobiliaria.
Y dando por cierto que las entidades financieras tendrían que hacer frente a las pérdidas económicas que produciría una depreciación del valor de la vivienda, con respecto a la tasación inicial del inmueble, me parece un ENORME agravio y de una enorme injusticia entonces no reconocer que ahora son las familias, las que se ven obligadas a soportar esa pérdida económica, mientras que las entidades financieras disfrutan de todos los privilegios, una situación injusta a todas luces y que está provocando el colapso real de muchas familias.
Aun más indignante cuando obviamente no podemos ignorar que el origen de la situación que ha desencadenado este conflicto, al margen de la coyuntura internacional, viene dado por “la mala gestión del sistema financiero” y “las hipotecas basura”.
Y aunque es cierto que la responsabilidad siempre es una navaja de doble filo, de la cual nadie está exento, no podemos ignorar y abandonar en la más precaria situación a tantas y tantas familias, mirando para otro lado, en pos de evitar un mal mayor.
Porque eso siempre nos conducirá a situaciones injustas y abusos execrables tales como los que se están produciendo hoy día.
Historias de familias que no solo pierden su vivienda si no que son excluidos y estigmatizados de por vida, con deudas que triplican el importe del préstamo adquirido. Personas, que dejando de ser simples ciudadanos con derechos y obligaciones, pasan a ser sujetos que no pueden ni tan siquiera disponer de un préstamo o financiación para comprar una simple cama o ni tan siquiera una misera línea de móvil por morosos, son personas destinadas al ostracismo de por vida. Muchas de ellas tras perder su trabajo, pierden su vivienda y aunque recuperasen el trabajo, no solo no les conllevaría consecuentemente tener la posibilidad de recuperar la vivienda, si no que no podrían disponer de los frutos de ese trabajo al tener su salario embargado de por vida.
Costas y comisiones de morosidad sin control ni regulación, que les comporta la ruina total durante generaciones.
Familias que no solo han visto perder su vivienda si no arrastrar con ellas a sus padres, viendo estos tras toda una vida de trabajo como pierden ahora también ellos su residencia familiar en su rol de avaladores.
Situaciones surrealistas donde una vivienda de protección oficial es considerada bien de negocio para una entidad bancaria y ante la mirada impasible de instituciones y gobierno implicados, se convierte en el lastre de un iluso ciudadano que creyó en su momento que la fortuna le sonreía y la administración le protegía, tremendo eufemismo.
El Gobierno, que no ha escatimado en acudir al rescate de los bancos –casi 20.000 millones de euros con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), y la posibilidad de recurrir al FROB hasta 99.000 millones y la provisión de amplios avales– y se ha responsabilizado de facto de su deuda privada externa, pese a que el sector público no tiene fondos, y no obstante da la espalda a una realidad que se hace extensiva y crece cual mancha.
En un sistema financiero español en viaje sin retorno a la privatización total que sin duda será una operación redonda para la banca, negarse a reabrir ese urgente debate, que permita regular y proporcionar las responsabilidades entre la banca y los usuarios en su justa medida, es a mi parecer una total falta de escrúpulos y una sordera patológica. El problema está ahí y no podemos hacer oídos sordos a esa dramática realidad.
De igual modo que no podemos olvidarnos del artículo 47 de la constitución española;
"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
