No hace mucho en una visita a mi abuelita, con capucha rosa pero sin lobo eso sí, descubrí consternada la enorme desazón que muchas personas de avanzada edad y sus entornos más cercanos sienten ante la implementación de la no poco famosa ley de dependencia.
En general, se extiende el mismo desasosiego que surge cuando detrás de la implementación de la ley de dependencia se menciona la palabra “copago”, ya sea en este ámbito en concreto al que me quiero referir, como en lo relativo a los servicios de salud. Y el mayúsculo “mosqueo” ante ese vocablo, se amplía cuando rascando un poco, abordamos los servicios que ciertos colectivos de ellos se lucran. O mejor dicho, cuando conocemos la enorme desconfianza que generan las distintas prestaciones técnicas y las empresas que prestan o abastecen esos servicios.
Y es que en relación a la implementación de la ley de dependencia, en la situación actual, al respecto encontramos un sinfín de posiciones confrontadas.
Existen por un lado,entidades como la Federación Ecom, que aglutina a más de 160 entidades de discapacitados físicos de toda España, y el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), que sensiblemente estos más cercanos a las necesidades del colectivo afectado, vienen exigiendo desde hace tiempo ya reformas fiscales; principalmente que se supervise a las entidades bancarias, y se controle la posible especulación, así como que se destinen los recursos para fomentar la autonomía de la personas con discapacidad física previstos por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y sus prestaciones técnicas y de asistente personal.
Por el contrario, lo que realmente nos encontramos, son inversiones que se han venido desarrollando en el rol de los cuidadores no profesionales. Y como muestra más relevante por ejemplo, la inversión realizada en el programa cuidadores 2009, que se realizó en el marco de la Plataforma de apoyo a cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, fruto del convenio entre Acción Social y la Obra Social de Caixa Catalunya. Un Programa, con un coste presupuestado de 3 millones de euros en 2010, impartiendo 434 cursos a unos 5.300 personas.
No obstante, ese rol implementado, en muchos casos no parece que vaya a facilitar que los discapacitados físicos "autogobiernen su vida" ni que se emancipen. Y amenudo propician que se perpetúe la estancia de la persona dependiente en el ámbito familiar, y mantiene a la mujer en las labores de cuidado en condiciones "mínimas". Pese a que un asistente personal ahorraría costes en plazas residenciales y en servicios sociales, además de normalizar la vida de las personas con discapacidad física. Y convierte a una ley de servicios profesionales de calidad una vez más en una ley de subsidios.
Por otro lado a pie de calle, los municipios parece ser que se encuentran al borde del colapso de la atención a la dependencia, y la entrada de nuevos usuarios en el 2011 puede hacer inviable la cobertura eficaz de los casos cuando las personas con un grado de dependencia leve, definida con el grado 1, adquieran también derecho a la ayuda.
Parece que vivimos anclados permanentemente en el posicionamiento de la gestión de "Pan para hoy hambre para mañana”casi tanto como en el “hecha la ley hecha la trampa”
Para variar, las administraciones locales reclaman mejoras en los sistemas informáticos, enfatizando como siempre su integración en red compartida y por supuesto el aumento de la proporción de profesionales.
Y finalmente , en el otro lado de la balanza, lo cierto es que no hay aprobados los decretos de copago que deben establecer qué cantidades exactas va a pagar cada usuario por los servicios que tiene derecho a recibir, con lo que todavía no está garantizado en la práctica que nadie se quede fuera de recibir un servicio por motivos económicos. Y de momento, lo cierto es que existen pluralidad de criterios y divergencias en las aplicaciones de dichos rangos a lo largo de todo el territorio.
Todo ello conlleva en definitiva, que el usuario destinatario a menudo y absolutamente desinformado de su situación ,se encuentre con un pago que no preveía, en un servicio del que no tiene ninguna capacidad de decisión y en manos muy a menudo de desaprensivos, teniendo que asumir en ocasiones proveedores de servicios que especulan con sus necesidades.
O sea un basilisco de padre y señor mío.
En fin, mientras no tengamos que echarnos las manos a la cabeza por que se nos ha comido el lobo…
En general, se extiende el mismo desasosiego que surge cuando detrás de la implementación de la ley de dependencia se menciona la palabra “copago”, ya sea en este ámbito en concreto al que me quiero referir, como en lo relativo a los servicios de salud. Y el mayúsculo “mosqueo” ante ese vocablo, se amplía cuando rascando un poco, abordamos los servicios que ciertos colectivos de ellos se lucran. O mejor dicho, cuando conocemos la enorme desconfianza que generan las distintas prestaciones técnicas y las empresas que prestan o abastecen esos servicios.
Y es que en relación a la implementación de la ley de dependencia, en la situación actual, al respecto encontramos un sinfín de posiciones confrontadas.
Existen por un lado,entidades como la Federación Ecom, que aglutina a más de 160 entidades de discapacitados físicos de toda España, y el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), que sensiblemente estos más cercanos a las necesidades del colectivo afectado, vienen exigiendo desde hace tiempo ya reformas fiscales; principalmente que se supervise a las entidades bancarias, y se controle la posible especulación, así como que se destinen los recursos para fomentar la autonomía de la personas con discapacidad física previstos por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y sus prestaciones técnicas y de asistente personal.
Por el contrario, lo que realmente nos encontramos, son inversiones que se han venido desarrollando en el rol de los cuidadores no profesionales. Y como muestra más relevante por ejemplo, la inversión realizada en el programa cuidadores 2009, que se realizó en el marco de la Plataforma de apoyo a cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, fruto del convenio entre Acción Social y la Obra Social de Caixa Catalunya. Un Programa, con un coste presupuestado de 3 millones de euros en 2010, impartiendo 434 cursos a unos 5.300 personas.
No obstante, ese rol implementado, en muchos casos no parece que vaya a facilitar que los discapacitados físicos "autogobiernen su vida" ni que se emancipen. Y amenudo propician que se perpetúe la estancia de la persona dependiente en el ámbito familiar, y mantiene a la mujer en las labores de cuidado en condiciones "mínimas". Pese a que un asistente personal ahorraría costes en plazas residenciales y en servicios sociales, además de normalizar la vida de las personas con discapacidad física. Y convierte a una ley de servicios profesionales de calidad una vez más en una ley de subsidios.
Por otro lado a pie de calle, los municipios parece ser que se encuentran al borde del colapso de la atención a la dependencia, y la entrada de nuevos usuarios en el 2011 puede hacer inviable la cobertura eficaz de los casos cuando las personas con un grado de dependencia leve, definida con el grado 1, adquieran también derecho a la ayuda.
Parece que vivimos anclados permanentemente en el posicionamiento de la gestión de "Pan para hoy hambre para mañana”casi tanto como en el “hecha la ley hecha la trampa”
Para variar, las administraciones locales reclaman mejoras en los sistemas informáticos, enfatizando como siempre su integración en red compartida y por supuesto el aumento de la proporción de profesionales.
Y finalmente , en el otro lado de la balanza, lo cierto es que no hay aprobados los decretos de copago que deben establecer qué cantidades exactas va a pagar cada usuario por los servicios que tiene derecho a recibir, con lo que todavía no está garantizado en la práctica que nadie se quede fuera de recibir un servicio por motivos económicos. Y de momento, lo cierto es que existen pluralidad de criterios y divergencias en las aplicaciones de dichos rangos a lo largo de todo el territorio.
Todo ello conlleva en definitiva, que el usuario destinatario a menudo y absolutamente desinformado de su situación ,se encuentre con un pago que no preveía, en un servicio del que no tiene ninguna capacidad de decisión y en manos muy a menudo de desaprensivos, teniendo que asumir en ocasiones proveedores de servicios que especulan con sus necesidades.
O sea un basilisco de padre y señor mío.
En fin, mientras no tengamos que echarnos las manos a la cabeza por que se nos ha comido el lobo…
